Es el sistema que muchos países establecen para garantizar el derecho a la asistencia y defensa jurídica de todos los ciudadanos.

La garantía de la defensa jurídica implica que un ciudadano sin recursos pueda acceder gratuitamente a un servicio del estado por el cual se le asigna un abogado y, en su caso, un procurador sin que tenga que pagar por ello.

En este caso, a los abogados y procuradores que el Estado asigna de esta forma se les denomina abogados o procuradores de oficio.